Por no proteger a líderes sociales, Colombia podría pagar hasta $206.000 millones

Una exorbitante cantidad de $206.000 millones, sería el total que podría tener que desembolsar el Estado como obligación que se genere por las demandas presentadas de líderes y defensores de derechos humanos, que exigen se les brinde un esquema de seguridad por estar en situación de riesgo, pero que nunca se les otorga.

Curiosamente, la justificación para no prestar dichos esquemas, radica en la falta de dinero.

Respecto a esto, la Contraloría General de la República se encargó de elaborar un estudio en el que surgió la cifra monetaria que el Estado desembolsará atendiendo las demandas de exigencia de protección, que resulta configurando una ironía.

Según la entidad, el Gobierno debe aumentar sus esfuerzos en cuanto a la protección de los líderes sociales amenazados.

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, aseguró que la Unidad Nacional de Protección ha ejecutado un esfuerzo notable en cuanto a ejercer protección sobre líderes víctimas de intimidaciones, pero esto no resulta suficiente para cubrir la exigencia y la necesidad real de todos los líderes, sino que se “requiere una verdadera política de Estado en este tema”, aseguró.

La cifra estimada calculada por la Contraloría, surgió del conteo analítico de las 105 demandas interpuestas por parte de líderes sin protección, ya sea porque no la tienen y se sienten amenazados, o porque se les ha retirado considerando que aún la necesitan.

Se destaca que tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc, la UNP ha recibido 232 solicitudes de protección hasta diciembre del 2017, de las cuales fueron aprobadas 161 e implementado 123, lo cual tuvo un valor de 4.815 millones, cifra abismalmente menor que lo calculado sobre las demandas.

De acuerdo a la entidad, la vulneración a la seguridad y la vida de los ciudadanos que son víctimas de amenazas, tienen una gran cantidad de factores detrás que abarcan toda la necesidad surgida, por lo que se debe analizar el actual mecanismo de esquemas individuales para evolucionar a uno de “prevención, control territorial y judicialización de los victimarios, entre otras”.

La situación general con los líderes y defensores de derechos humanos en el país ha llegado a un punto crítico en el que la ciudadanía completa, inclusive, organiza movilizaciones para exigir al gobierno mayor presencia en todas las zonas del país afectadas para evitar que continúen los crímenes. Sólo desde enero de 2016 hasta el 30 de junio del presente año, se han presentado 327 homicidios contra líderes, según estadísticas de la Defensoría. Fuente consultada: Pulzo. Revista Voces 

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.