Todo lo que necesita saber sobre la indagatoria de Uribe en la Corte Suprema

El Expresidente se encuentra ante tres escenarios distintos: la justicia ordinaria, la doble instancia en la sala especial de instrucción aforados de la misma Corte Suprema de Justicia, o la medida de aseguramiento, en caso de que, una vez escuchado en indagatoria, los magistrados cuenten con las pruebas suficientes para ordenar su captura.

La decisión inédita de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a un ex presidente de la República, a Álvaro Uribe, que tuvo todavía más impacto político tras la renuncia de éste al Senado, deja varios interrogantes sobre el caso judicial que llegó hasta ese punto.

Estos son los principales, junto con sus respuestas:

1.

¿Por qué caso lo llaman a indagatoria?

La Corte llamó a indagatoria a Uribe y al uribista representante huilense Álvaro Hernán Prada por presuntamente haber participado en un intento de manipular testigos en favor del ex presidente.

Como manipular testigos puede ser una forma de cometer el delito de fraude procesal y soborno, la Corte abrió un proceso por ese hecho en sí mismo, que se habría dado entre el 21 y el 23 de febrero de este año, cuando por lo menos dos personas diferentes se habrían acercado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para convencerlo de cambiar su testimonio de que Uribe, su hermano Santiago Uribe, y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas, y Pedro y Santiago Gallón Henao, fundaron el bloque Metro de las AUC.

Ese testimonio lo hizo público el senador Iván Cepeda, del Polo, en un debate contra Uribe a fines de 2014.

En concreto, Monsalve habló por un lado con Carlos López, alias Caliche, un antiguo compañero suyo en el Bloque Metro de las AUC. Caliche le dijo que actuaba como mensajero del representante Prada, quien lo había buscado para ofrecerle beneficios a él y a Monsalve a cambio de que ésta se retractara. ‘Caliche’ incluso dijo que Prada había puesto en altavoz a Uribe para mostrarle la seriedad de la oferta.

Por otro lado, Monsalve habló con el penalista Diego Cadena, quien tiene poder de Uribe para buscar testigos a su favor y dijo hablar a nombre del ex presidente, y con su ex compañero de celda Enrique Pardo Hasche, quien le aconsejó retractarse.

Uribe habría intentado hacer conseguir también la retractación de otro testigo, Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, y habría buscado conseguir testimonios que desacreditaran a un testigo más, el mayor retirado Juan Carlos Meneses.

Lo que hace difícil de entender los hechos es que ese presunto intento de manipulación se dio para interferir en otro proceso diferente en el que Uribe actuaba como denunciante de manipulación de testigos, contra el senador Cepeda.

Esa denuncia, que Uribe interpuso tras un debate de control político en 2014, naufragó el pasado 16 de febrero, cuando la Corte encontró que Cepeda no había cometido tal manipulación y, en cambio, compulsó copias contra Uribe pues encontró indicios de que fue él quien buscó manipularlos para afectar ese proceso.

La tesis de la Corte es que los hechos de febrero de este año se dieron justo para tener pruebas nuevas en la apelación de Uribe contra esa decisión, y por eso los dos casos están directamente vinculados. Pero, como se tratan de hechos diferentes, son procesos distintos y la indagatoria será solo por lo que ocurrió en febrero.

En el otro expediente que se refiere a hechos anteriores, la Corte aceptó la propuesta de Uribe de oírlo en versión libre antes de decidir si lo llama a indagatoria o no.

2.

¿Cuáles son las pruebas de la Corte?

Aunque no se conocen todas las pruebas de la Corte, pues no es necesario en este punto que las haya revelado, cinco columnas de Daniel Coronell y el auto en el que llama a indagatoria a Uribe y a Prada (los demás involucrados no tienen fuero y por lo tanto la Corte no los cita, sino que compulsa copia a la Fiscalía para que los investigue) muestran varias de ellas.

La primera prueba de la Corte son interceptaciones telefónicas que demostrarían que el penalista Diego Cadena presta sus servicios a Uribe para conseguir ex paramilitares que testifiquen que el ex presidente y su hermano Santiago no tuvieron que ver con la conformación de grupos paramilitares.

De hecho, la Corte recuerda que para tumbar el archivo de la investigación contra Cepeda y la compulsa de copias contra Uribe, abogados del ex presidente han presentado videos y cartas de testigos favorables al ex presidente.

La segunda prueba es una denuncia de Reinaldo Villalba, el abogado de Iván Cepeda, que le contó a la Corte el 22 de febrero que había un plan para que Monsalve se retractara.

Las siguientes son notas de voz que le envió alias Caliche a Monsalve, en las que le explica que Prada le pidió que le ayudara a conseguir un video de retractación de Monsalve.

También tiene videos de una reunión de Monsalve con Cadena y el abogado Enrique Pardo Hasche, quien es amigo de Monsalve. Los dos abogados intentan convencer al testigo de retractarse.

Además, tiene la grabación de conversaciones de Cadena que apuntan a que el abogado contactó a la ex fiscal Hilda Jeannette Farfán Niño, capturada en un proceso que no tiene relación con Uribe, y que ella le había prometido aportar información que demostraría un supuesto complot del ex fiscal general Eduardo Montealegre contra Santiago Uribe a cambio de que la cambiaran de cárcel.

3.

¿Qué relación tiene el caso con Santiago Uribe?

El resultado de la indagatoria de Uribe no tiene ninguna relación directa con el juicio contra su hermano Santiago por su supuesta participación en el grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles en el nordeste antioqueño. Por eso, si alguno sale mal librado, no significa que el otro también, ni lo contrario.

Lo mismo ocurre con otras investigaciones contra el mismo Álvaro Uribe, como las de haber participado presuntamente en la muerte de Pedro Juan Moreno según dijo el narcotraficante y paramilitar alias Don Mario, o la de no haber hecho nada para evitar las masacres de La Granja y el Aro cuando era gobernador de Antioquia.

Eso se debe a que una cosa es ser responsable de manipular testigos en febrero para tumbar la compulsa de copias y revivir la denuncia contra Cepeda, otra serlo de otra manipulación aparte hecha para sostener esa acusación contra Cepeda, y otra más serlo por alguna de las cosas por las que ha sido denunciado.

Sin embargo, esos casos sí están indirectamente relacionados en la medida en que todos provienen de las viejas denuncias contra Uribe y su hermano Santiago de haber tenido relación con paramilitares, y por eso en muchas ocasiones se repiten algunos protagonistas y sobre todo algunos testigos.

La denuncia de Uribe contra Cepeda esencialmente decía que el senador del Polo había manipulado testigos para sustentar esas denuncias, especialmente la de la fundación del Bloque Metro. Por eso, si prosperaba podría haber debilitado el caso de la Fiscalía contra Santiago Uribe, y sin duda, habría fortalecido la percepción de que había una persecución política contra el ex presidente y su hermano.

4.

¿Quiénes son los magistrados que lo procesan?

A pesar de que URIBISTAS DE A PIE o de alto perfil como el senador José Obdulio Gaviria han señalado a la Corte de ser la misma que chocó con Uribe cuando era presidente, los tres magistrados que lo llamaron a indagatoria no eran titulares en ese entonces.Y aunque dos trabajaban allí, no tienen fama de ser antiuribistas.

El ponente y presidente de la Sala Penal, José Luis Barceló Camacho, es un abogado de la Universidad Militar Nueva Granada que llegó a la Corte en febrero de 2011, en reemplazo de Jorge Luis Quintero Milanés, y venía de ser magistrado auxiliar de la sala penal.

Tiene un largo recorrido por la rama judicial, con cargos como juez de instrucción criminal (los jueces encargados de llevar los procesos, que fueron reemplazados por los fiscales en 1991), secretario y oficial mayor de juzgado y fiscal, así como asesor de la Procuraduría Delegada para lo Penal.

Tiene fama de ser conservador y de derecha, y de hecho votó a favor de la absolución del coronel Plazas Vega; tampoco fue cercano a la rosca del ‘cartel de la toga’ y con María del Rosario González fue uno de los que votaron contra la reelección de Leonidas Bustos, una de las cabezas de la rosca judicial de la época, como presidente de la Sala Penal.

El presidente de la Corte, Luis Antonio Hernández Barbosa, es un abogado de la Universidad Libre que duró 20 años como magistrado auxiliar y, cuando fue elegido en marzo de 2016, lo era de Barceló.

Arrancó su carrera como escribiente de juzgado a inicios de los años 80, pero creció velozmente en la entonces justicia de instrucción criminal, hasta llegar a ser juez; con la nueva Constitución pasó a ser fiscal y en 1992, en plena lucha contra Pablo Escobar, pasó a ser director de Fiscalías de Medellín. En 1994 ascendió a dirigirlas en Bogotá y en 1995 salió para trabajar en la Corte.

El tercero, Fernando Castro Caballero, es un magistrado percibido como más bien de derecha, por algunos incluso uribista. Llegó a la Corte en diciembre de 2010, en reemplazo de Yesid Ramírez, y en la misma sesión en la que Viviane Morales fue elegida Fiscal General, con la polémica de haber tenido entre sus clientes, como litigante y entre 1999 y 2004, al esmeraldero Víctor Carranza.

Abogado de la Santo Tomás, tuvo una larga carrera en la rama judicial hasta 1999, como juez penal municipal y de circuito, juez civil, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, y magistrado de varios tribunales, incluyendo el Tribunal Nacional, máxima instancia de la antigua justicia ‘sin rostro’, donde estuvo entre 1996 y el fin de ese Tribunal. Fue decano de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, en 2004.

CERCANO A ALEJANDRO ORDÓÑEZ (su esposa fue nombrada por el entonces Procurador General en esa entidad, por lo que el magistrado se declaró impedido para votar por la candidatura de Ordóñez para su reelección, aunque al final sí lo hizo), fueUNO DE LOS APOYOS CLAVES para que la Corte lo ternara a la reelección. Ha sido identificado como uribista, CERCANO A LOS MILITARES e incluso “DE ULTRADERECHA”.

5.

¿Qué puede pasar en la indagatoria?

Lo primero es que la defensa de Uribe podrá plantear dos peleas legales antes de entrar en materia.

Una es un conflicto de competencia, alegando que al renunciar Uribe al Senado, la Corte deja de ser competente para procesarlo.

En esa tesis, que ha defendido el penalista Iván Cancino, el caso debería pasar a la Fiscalía y tramitarse por un procedimiento diferente, el acusatorio, pues la Corte sigue usando un procedimiento anterior (el mixto de la Ley 600).

Aunque no es claro que eso sea así, pues la misma Corte ha dicho que no se puede renunciar al cargo para evadir sus investigaciones, ese debate seguramente marcará y enredará la indagatoria.

En todo caso Uribe, en un trino aceptó que la Corte era la competente para juzgarlo así renunciara por lo cual sería incoherente que su defensa planteara algo diferente.

La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte

La otra es que, como ya han argumentado algunos, el proceso debe tener doble instancia y por eso debe volver a iniciar en manos de la nueva sala especial de instrucción, encargada de la investigación de las personas con fuero, incluyendo a los congresistas como Uribe y Prada.

En principio eso solo ocurrirá cuando se posesionen los magistrados de esa sala de instrucción, cosa que todavía no ha ocurrido, pero que podría empezar a ocurrir mientras ocurre la indagatoria (no falta mucho pues ya se posesionaron dos magistrados de la sala especial de primera instancia, que adelantará los juicios, una etapa más avanzada de los procesos, de los aforados).

Si nada cambia con esos dos debates, ocurrirá lo segundo: a partir de las preguntas que le haga a Uribe, la Corte destapará parte de sus cartas.

La indagatoria, que ya no existe en el procedimiento acusatorio pero sí en el procedimiento que funciona en la Corte, está pensada para ser una oportunidad para la defensa, en la que los magistrados deben hacer todas las preguntas que necesitan para saber si siguen con la investigación o no.

En esa medida, debe preguntar por todos los hechos por los que eventualmente acuse a Uribe, y por eso se sabrá de forma más precisa cuáles son los hechos que investiga.

Lo tercero que ocurrirá es que se sabrá si la Corte tiene las pruebas y el arrojo para capturar a un ex presidente.

Como en el procedimiento que aplica ante ella puede ordenar la captura directamente (en el procedimiento normal un Fiscal debe obtener el visto bueno de un juez de control de garantías), esa posibilidad no es descabellada y de hecho en otros casos como el de Álvaro Ashton, Aída Merlano o Bernardo ‘Ñoño’ Elías, ha ordenado la captura desde antes, algo que también puede hacer.

Si la Corte decide detener preventivamente a Uribe, seguramente se desencadenará un terremoto político.

Si no lo hace el proceso seguirá avanzando con la recopilación de más pruebas, hasta saber si decide llevarlo a juicio, algo que puede tardar varios meses o incluso años.

Fuente: La Pipa

Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacía

Por Juan Esteban Lewin 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.